En el encuentro participaron la bióloga Cristina Dorador y el abogado constitucionalista Jaime Bassa.

Con el objetivo de acercar el debate sobre los alcances del texto de la nueva constitución a la comunidad universitaria, la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso organizó el conversatorio «Educación y ciencia en el marco de la nueva propuesta constitucional», que se llevó a cabo a menos de veinte días de que se realice el plebiscito de salida del proceso constituyente.

En el encuentro, que tuvo una convocatoria de más de sesenta personas, entre estudiantes, miembros del claustro académico, investigadores y colaboradores, participaron como panelistas invitados los exconvencionales Cristina Dorador -bióloga, doctora en Ciencias y académica de la Universidad de Antofagasta- y Jaime Bassa -abogado constitucionalista y académico de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso-.

La doctora Dorador, quien participó de manera telemática en la conversación, destacó que el nuevo texto consagra (en el artículo 96) por primera vez el derecho que tiene toda persona a participar libremente de la creación, el desarrollo, la conservación y la innovación de los diversos sistemas de conocimientos y a la transferencia de sus aplicaciones, así como a gozar de sus beneficios.

En esa línea, explicó que en el texto también se señala que el Estado debe promover su acceso equitativo y abierto, lo que comprende el intercambio y la comunicación de conocimientos a la sociedad de la forma más amplia posible y reconoce el derecho de los pueblos y naciones indígenas a preservar, revitalizar, desarrollar y transmitir los conocimientos tradicionales y saberes ancestrales y debe, en conjunto con ellos, adoptar medidas eficaces para garantizar su ejercicio.

Asimismo, relevó que en el Artículo 97 la propuesta garantiza la libertad de investigación y es deber del Estado estimular, promover y fortalecer el desarrollo de la investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento, contribuyendo así al enriquecimiento sociocultural del país y al mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.

La exconvencional reconoció estar conforme como científica con el texto final de la propuesta.

“Estamos muy contentas con el resultado de haber incorporado temas de ciencia, de investigación y sistemas de conocimientos en la nueva constitución. Nos costó mucho. De hecho la comisión que se creó para tal efecto no fue algo planeado previamente. Sin el empuje de la comisión no hubiésemos tenido los 41 artículos que aprobamos. Tuvimos que hacer un trabajo sostenido y fuerte, por lo tanto estoy conforme con aquello”.

Agregó que “lo que faltaría hacer es lograr que estas propuestas se vean reflejadas en las políticas públicas. Las brechas que uno ve en investigación están incorporadas acá, en base a los principios, como la equidad de género, y tienen medidas concretas, que tienen que ver con las investigadoras que ejercen ese trabajo y con el tipo de investigación que se hace. En general quedé conforme, se podría haber avanzado un poco más, pero este es un proceso colectivo, donde no todos tienen las mismas visiones”.

Por su parte, el abogado Jaime Bassa advirtió que en comparación a la constitución vigente la nueva propuesta ofrece un avance relevante en las áreas de ciencia y educación.

“Estuve revisando la constitución actual y -a no ser que me equivoque- la única referencia que hay sobre ciencia o investigación está en el Inciso 6°, Artículo 19, Número 10, que entrega al Estado el deber de estimular la investigación científica y tecnológica. Y no dice nada más. Hoy el cambio es bien significativo, por todo lo que hemos estado diciendo, pero creo además que hay otra dimensión de la cual no hemos hablado, que nos impacta directamente a las personas que trabajamos en esto, que es la norma que la nueva constitución propone sobre el derecho al trabajo”.

El ex constituyente explicó que las y los investigadores, como también académicos y académicas “somos trabajadores, hacemos un tipo especial de trabajo, pero somos trabajadores igual. La forma en que la nueva constitución protege el trabajo es un avance bien significativo, porque no está pensado solo en la libertad de trabajo, que es lo que regula y protege la constitución actual, sino que se encarga de garantizar ciertas condiciones materiales para el trabajo, entre ellas una remuneración equitativa y la prohibición de la discriminación arbitraria en materia de género. Ahí hay un cambio importante, porque le da más estabilidad al trabajo y se le reconoce su función social. El trabajo no es solo una actividad que dignifica a la persona que la realiza, sino que es una actividad que beneficia a la sociedad en su conjunto”.

Asimismo, se refirió al sistema de educación superior. En ese punto el texto indica: “La Constitución protege la libertad de cátedra, la investigación y la libre discusión de las ideas de las académicas y los académicos de las universidades creadas o reconocidas por el Estado. Las instituciones de educación superior del Estado forman parte del Sistema de Educación Pública y su financiamiento se sujetará a lo dispuesto por esta Constitución, debiendo garantizar el cumplimiento íntegro de sus funciones de docencia, investigación y colaboración con la sociedad. En esa línea en cada región existirá, al menos, una universidad estatal y una institución de formación técnico profesional de nivel superior estatal. Estas se relacionarán de manera coordinada y preferente con las entidades territoriales y servicios públicos con presencia regional, de acuerdo con las necesidades locales”.

También valoró los incisos relacionados con el acceso, que según el texto indica que “el Estado velará por el acceso a la educación superior de todas las personas que cumplan los requisitos establecidos por la ley. El ingreso, permanencia y promoción de quienes estudien en la educación superior se regirá por los principios de equidad e inclusión, con particular atención a los grupos históricamente excluidos y de especial protección, prohibiéndose cualquier tipo de discriminación. Los estudios de educación superior conducentes a títulos y grados académicos iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley”.

Además, se relevó que las instituciones de educación superior tienen la misión de enseñar, producir y socializar el conocimiento.

“Estoy muy contento de haber podido venir y conversar con la comunidad académica de la Facultad de Ciencias. Las universidades del Estado tienen un papel siempre importante en los procesos de cambio, especialmente cuando hay discusiones tan significativas para el quehacer universitario, que están presentes en la discusión constitucional. Es muy positivo que desde la facultad se tome la iniciativa de generar estos espacios de conversación, para colaborar con que sus integrantes también puedan tomar una decisión más libre e informada el 4 de septiembre”.

Los asistentes opinaron positivamente sobre el encuentro. Es el caso del coordinador de Investigación de la Facultad de Ciencias, Rodolfo Farlora, quien afirmó que “me pareció súper importante que se hagan este tipo de encuentros en la facultad. Además, fue muy interesante el cariz que se le dio, que tiene que ver con cosas que nos competen a nosotros como investigadores”.

La coordinadora de Pregrado, Pamela Herrera, expresó que “me pareció muy interesante, es una oportunidad para nuestra comunidad de poder enterarse de primera fuente, es decir, de quienes escribieron la nueva constitución, con la explicación didáctica que todos necesitamos, como ciudadanos comunes, así que siento que es un aporte de nuestra facultad dentro del proceso formativo que todos tenemos”.

Finalmente, el secretario de Facultad, Víctor Cárdenas, dijo que “el objetivo se cumplió, la idea era aclarar todas esas inquietudes que aparecían en los consejos de facultad o comentarios de pasillo. La convocatoria fue buena, asistieron incluso alumnos que aún no comienzan sus clases, hubo además gente de postgrado y funcionarios, estuvo muy bueno”.

Revise aquí el registro del conversatorio.